La portavoz del PP, Mónica Sánchez, denuncia la estrategia del PSOE para generar alarma y sembrar dudas en relación al vencimiento del contrato del servicio de suministro de agua y los trabajos para licitar próximamente uno nuevo
El Grupo Municipal del Partido Popular llevó al Pleno una moción para pedir el consenso de los grupos políticos regionales en materia de vivienda
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Mónica Sánchez, ha defendido la actuación del equipo de Gobierno en relación al vencimiento del contrato del servicio de suministro de agua, depuración y saneamiento, y ha acusado al Grupo Socialista de intentar generar "una alarma injustificada y confundir a la ciudadanía". "Estamos ante un asunto técnico, reglado y complejo, que responde exclusivamente al interés general y que se ha tramitado conforme a la legalidad", ha señalado.
Mónica Sánchez ha recordado que "la empresa Aqualia ha prestado el servicio de suministro de agua desde el año 2000, con un contrato de 25 años de duración". "Durante todo este tiempo el servicio se ha desarrollado con satisfacción, algo que no solo reconoce este equipo de Gobierno, sino también los propios vecinos", ha afirmado.
Pero a la vista de la finalización del contrato y "ajustándose a la legalidad, el Consistorio sacó a licitación un contrato para la realización de un estudio de viabilidad del servicio y la redacción de los pliegos de uno nuevo", un trabajo que, según la portavoz, "está en marcha y en las próximas semanas se dará a conocer, con el objetivo de licitar un nuevo contrato con todas las garantías", ha indicado Sánchez.
Llegado el vencimiento efectivo del contrato, en septiembre de 2025, y al no haberse adjudicado aún el nuevo, el Ayuntamiento emitió una orden de continuidad del servicio para evitar cualquier interrupción del mismo. Ante esta decisión, la empresa Aqualia interpuso un recurso alegando que dicha continuidad equivalía a una prórroga. Pero estas alegaciones fueron desestimadas en su totalidad, tal y como recoge el informe jurídico del secretario municipal, "que es el garante legal del Ayuntamiento", ha subrayado la portavoz.
En este contexto, Mónica Sánchez ha calificado de "irresponsables e intolerables" las declaraciones realizadas por la portavoz del PSOE de Caravaca, acusándolos de intentar presentar la situación como un posible conflicto judicial o económico inexistente, ya que "no existe a priori ningún riesgo ni judicial ni económico para el Ayuntamiento". "Es inaceptable alarmar a los vecinos con mensajes simplificados y faltos de rigor", ha denunciado.
Sánchez ha puesto en valor que la licitación de un nuevo contrato "abre una gran oportunidad para mejorar el servicio, planificar inversiones en infraestructuras y actuar sobre la red y las calles del municipio", y ha lamentado que "desde el PSOE opinen sin haberse informado previamente con los técnicos municipales, el secretario o la jefa de contratación". "Si realmente quisieran defender el interés de Caravaca, actuarían con responsabilidad y no sembrando dudas donde no las hay", ha concluido.
"Facilitar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad de todos los representantes políticos"
Por su parte, Mónica Sánchez se ha referido a la moción presentada también en el último Pleno por el Grupo Municipal del Partido Popular en materia de vivienda, la cual insta a los grupos políticos regionales a buscar el consenso para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda que se llevará a votación próximamente y que sustituye al que fue tumbado por los partidos de la oposición el pasado mes de octubre.
Según la portavoz, "el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes y las rentas medias, algo a lo que no son ajenos muchos ciudadanos de Caravaca". "Facilitar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad de todos los representantes políticos y de las administraciones públicas de las que formamos parte", ha subrayado.
La norma inicial, pretendía fomentar la construcción de vivienda accesible a través de la recuperación de cascos antiguos, dinamizando la regeneración urbana de edificios inacabados y convirtiendo solares abandonados en viviendas en el centro de las ciudades.
Además, habría permitido la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años, una meta realista que según Mónica Sánchez "habría contribuido a la creación de puestos de trabajo".
Para finalizar, Sánchez ha puntualizado que "la moción instaba también al Gobierno de España a aprobar con urgencia el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el cual contiene medidas que pueden ayudar a mitigar el problema de la vivienda".