El juez de Primera Instancia e Instrucción N° 2 de Caravaca de la Cruz ha acordado, mediante auto de 12 de febrero de 2018, el sobreseimiento libre sobre las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia anónima presentada en la Comisaría de la Policía Nacional de Lorca.

La Fiscal aprecia en su informe que el abono de los referidos servicios no es constitutivo de ninguna de las infracciones penales que se imputaban en la citada denuncia anónima. A la vista de las pruebas practicadas se considera acreditado que los trabajos abonados fueron realizados.

Los hechos se remontan al año 2012, durante la legislatura de gobierno del PP, un empresario presentó una factura en el consistorio caravaqueño reclamando 42.338 euros, que se le adeudaban, por unos servicios de vigilancia prestados en el polígono industrial de Cavila. En 2015 el citado empresario, acompañado por su abogada, volvió a reclamar en el ayuntamiento el pago de los mismos, siendo éstos abonados con los respectivos informes favorables del interventor y del tesorero, al igual que se viene haciendo con la deuda que arrastra el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Tras el estudio realizado por el juez instructor, éste entendió que no había relevancia penal en los hechos de la denuncia; en concreto, que no se apreciaban indicios de ninguno de los delitos denunciados, motivo por el que el pasado 28 de diciembre de 2016 el citado juez acordó, mediante auto motivado, el sobreseimiento y archivo de la causa.

A raíz de la nueva denuncia anónima presentada, el pasado año 2017, en la Comisaría de la Policía Nacional de Lorca, y a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 2 de Caravaca de la Cruz, el Ayuntamiento remitió toda la documentación solicitada por el Ministerio Fiscal.

En relación a este asunto, José Moreno ha manifestado que no ha estado nunca investigado y que en ningún momento le fue notificado el auto por el Juzgado, recordando que esta denuncia ya fue archivada en el año 2016 "porque no se apreciaba delito alguno ni arbitrariedad en la actuación del consistorio".