22-09-08. El concejal de Hacienda, Salvador Gómez, presentará en la próxima sesión plenaria una moción de urgencia para solicitar al Gobierno central la reforma urgente de la financiación local y para que no disminuyan los ingresos locales por las transferencias del Estado en los Presupuestos Generales de 2009.

Entre los motivos que justifican esta propuesta se encuentra que “la caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia en las arcas municipales donde, por ejemplo, los ingresos locales vinculados a la actividad urbanística están disminuyendo, y existe una dificultad de acceso a crédito y un difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria”. A esto hay que añadir, según palabras del edil Salvador Gómez, “el problema de la financiación local que se lleva arrastrando en España durante los últimos 30 años por los servicios que suelen prestar los ayuntamientos sin ser de su competencia, al ser la administración más cercana a los vecinos y más sensible a sus demandas”.

En relación a la situación económica actual y la necesidad de reforma de la financiación local, el concejal de Hacienda ha destacado que “el incremento de la tasa de paro registrado que incide mayoritariamente en la construcción y sectores afines, la escasa creación de empleo en otros sectores, el recorte en las previsiones de crecimiento de PIB, se juntan con unas previsiones de crecimiento para 2009 de sólo un 1%”.

El Pleno someterá a consideración la propuesta de reclamar al Gobierno de España un acuerdo para la reforma urgente de la financiación local paralela a la de financiación autonómica y para establecer las bases del Pacto Local, de forma que los entes locales puedan contar antes de que finalice el año con unas normas claras y precisas que se adecuen a sus necesidades reales de financiación. Igualmente, esta moción propone instar al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde definitivamente la delimitación precisa de las competencias de los ayuntamientos al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.